Porqué en España hubo una transición y no una revolución

Cuando, entre sollozos, el entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, anunciaba la muerte del dictador Franco, en Portugal ya regía un nuevo orden democrático fruto de la popular Revolución de los Claveles. Portugal, como Francia en su momento, quebrantó su sistema político de forma integral. España, sin embargo, todavía se sometía bajo el régimen del yugo y las flechas.

La Transición Española -tan vilipendiada como vituperada hoy- no fue más que un lento proceso de transformación político. En efecto, fue un tránsito hacia otro modelo que, a diferencia de nuestros vecinos lusos, no implicó ninguna rotura del sistema legal. Es más, podemos afirmar con total certidumbre que el régimen jurídico-político en el cual participamos se originó aquél 18 de julio de 1936.

A nadie mínimamente avispado se le escapará la fecha. Fue, en efecto el día en que España se partió en dos: los sublevados frente a los republicanos. El inicio de la Guerra civil. Los golpistas contra los legitimistas. Porque, a pesar de todo, el régimen legal vigente, en aquel momento, derivaba de la Constitución de 1931. Esto es, de la Segunda República española; que se amparó, siempre, en la voluntad popular. Pues fue éste quien, tras la fuga de Alfonso XIII y la consecuente declaración de la República, decidió crear un poder constituyente cuyo mandatario sería el pueblo y cuyo mandato o no sería otro que el de redactar una nueva Constitución.

La legalidad durante el período de la Segunda República derivaba de lo antecedente. Se levantó sobre una continuidad del sistema que, a su vez, permitió refrescar al mismo mediante la garantía de derechos y deberes, más de tendencia progresista y liberal. Pero seamos claros, no se puede decir lo mismo respecto a la “modélica” Transición.

Así, desde la muerte de Franco, tras el nombramiento del rey Juan Carlos como jefe del Estado y de la –supuesta- apuesta de este último por Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, España se dio cuenta de que su único camino era la democracia. España no podía permitirse ser una dictadura insular, en torno a una Europa democrática. Así, Suárez decidió arremangarse y asentar las bases de ese régimen ambicioso pero embrionario (léase, igualmente, el dar comienzo a la celebérrima Transición).

El trabajo del presidente Suárez tuvo sus efectos: las Cortes Franquistas decretaron, mediante la octava ley fundamental del régimen –franquista, por supuesto-, su auto-disolución y el reemplazo de las mismas por las de un nuevo Congreso de los Diputados, donde los escaños serían, más o menos, proporcionales al voto de los ciudadanos españoles. Ésta ley fundamental; esta y no otra, fue la clave de bóveda de toda la democratización del Estado. En efecto, fue Suárez quien, con sus dotes persuasorias, llevó a los obscuros procuradores de las Cortes a votar a favor de su desaparición (de aquí que ha sido apodada como la “ley del haraquiri”). El Franquismo institucional procedió a su disolución.

Dicho esto, el resto es casi por todos conocido. Pero cabe recordar, lo que se ha dicho al principio: venimos de la legislación golpista. En efecto, la Transición no fue la peor, pero encubrió demasiado una legislación en exceso amnésica. Esto es, que si ahora somos democráticos es porque el alter poder; el poder sublevado, rompió, en 1936, con un régimen político legítimo y respetable en términos democráticos. Pero no olvidad: ese poder alzado fue el que negó nuestra realidad. Y, sobre todo, recordad: el sistema político vigente asienta sus bases en el poder rebelde que, institucionalizado, se blanqueó. Dicho sea por última vez, el del yugo y las flechas.

En efecto, en la España contemporánea, hubo una transición, pero jamás una revolución.

¿Un 'Hermitage' en Barcelona?

Hay ciertos museos que devienen indisociables con respecto a sus ciudades sede. Nadie imaginará, pues, el Louvre sin París, el Metropolitan sin Nueva York o El Prado sin Madrid. Del mismo modo, San Petersburgo se debe tanto al Hermitage como Roma lo hace a la mismísima Capilla Sixtina y a sus Museos Vaticanos. Asimismo, las colecciones de dichos entes culturales son tan exhaustivas que, incluso, a veces hay más contenido susceptible de ser relegado hacia los subterráneos de los mismos que no a ser expuesto en sus superficies visitables.

Ante ello, los grandes museos se empezaron a plantear qué hacer con esa obra oculta y recóndita. Se optó, así por la idea de las franquicias. El museo de origen era la sede. Las franquicias podían exponer aquello que se aguardaba en el subsuelo museístico de esas grandes pinacotecas. Incluso tematizarlo. De este modo, el Hermitage optó, a principios de 2015, por Barcelona para su gran primera delegación relevante que, bajo la tutela del divulgador, investigador y escritor científico Jorge Wagensberg, asentó las bases para desarrollar un proyecto en virtud del cual el museo peterburgés se comprometía a llevar a cabo un centro de carácter artístico-científico. Dicho museo debía ubicarse el antiguo edificio de Aduanas del Puerto de Barcelona.

Con la defunción inesperada de Wagensberg, en marzo de 2018, el proyecto tomó otros derroteros. Tras su breve orfandad fue abordada por los dirigentes peterburgeses, asiendo las riendas de un proyecto totalmente distinto. De este modo y dentro de la indefinición expositiva, así como, también, de su lógica museística, se replantaron aspectos transcendentales. El museo debía ser un punto focal de la ciudad. Debía atraer una media de cinco millones de visitantes -más, incluso, que la Sagrada Familia-, y se debía ubicar en el extremo de la nueva bocana del puerto -cercano al Hotel W-, bajo un diseño del célebre arquitecto japonés Toyo Ito. En consecuencia, debía constituirse como uno de los nuevos emblemas de la Barcelona del siglo XXI.

El Ayuntamiento de Barcelona -que nunca mostró un especial entusiasmo con respecto a la apertura de dicha franquicia museística- pasó entonces del escepticismo al rechazo manifiesto. Tras la elaboración de tres informes de viabilidad se consideró que el perjuicio que producía el 'Hermitage' barcelonés era superior al beneficio. Así, si ya planteaba problemas de indefinición desde el propio prisma puramente expositivo-museístico o desde el de movilidad y acceso. Pero lo que realmente acabó por concluir la inoportunidad del proyecto fue el daño que generaba al tejido vecinal del barrio de la Barceloneta.

La Barceloneta ha sido, en este sentido, uno de los barrios más damnificados de ese turismo de masas que ha asolado la ciudad durante las últimas décadas. El barrio fue asociado históricamente a la pesca. Sin embargo, en la actualidad no queda rastro alguno de esa actividad. La apertura al mar de Barcelona ha conllevado que un barrio históricamente tendiente a lo popular, pase a ser un lugar privilegiado y selecto en el cual solo pueden acceder los más pudientes. El proceso se inició con la construcción del mismo paseo en los tiempos de renovación olímpica y se consolidó con intervenciones tales como la construcción del Hotel W (no accesible para la gran mayoría de los viejos moradores del barrio).

El 'Hermitage' barcelonés, pues, hubiese asestado el golpe final a un barrio que es la representación más clara del fenómeno de la gentrificación. Un barrio altamente tensionado por una presión turística inabordable e, incluso, en muchos casos, ilegal. Ya, muchos vecinos de largo arraigo -por no decir, originarios del mismo- se ven forzados a hacer las maletas y buscar otro sitio para vivir. Si, a día de hoy, muchos le otorgan a la Barceloneta la extremaunción como barrio popular ¿qué hubiese sucedido si la franquicia peterburguesa hubiese radicado allí?

'El ocaso de los dioses'

Permítanme hacer un paralelismo. Salvando toda la distancia del mundo entorno a una y otra situación, a algo muy familiar me recordó ayer la imagen de Rudy Giuliani cuando sudaba el tinte de su pelo en defensa de lo indefendible. Algo huye ya en su representado. Algo que ya se le escapa para siempre y que se eleva, de ese modo, en la forma de un ideal; esto es, el ocupar el asiento presidencial del Despacho Oval de la Casa Blanca por los años de los años.

Demasiado se asemeja esa imagen al momento en que Dirk Bogarde, puesto en la piel de Gustav von Aschenbach agoniza en una playa del Lido veneciano, alcanzando, así, el que quizá sea el paroxismo del momento más patético jamás representado en la Historia del Cine. En efecto, se trata de ‘Muerte en Venecia’ de Luchino Visconti que, a su vez, pone tras el celuloide una adaptación de la célebre novela de Thomas Mann.

Entre el mucho y el poco, encontraremos su similitud. En el ‘poco’, es evidente que Von Aschenbach es él mismo quien se funde bajo el tórrido sol veneciano y entre esos giros musicales postrománticos de la Quinta de Mahler que acentúan todo el patetismo del instante. Giuliani es, en cambio, un mero representante de quien padece ese agónico instante. Además Von Aschenbach fue excelso en lo suyo como nada lo fue ese representado del ex alcalde neoyorquino.

Sin embargo, en el costado del ‘mucho’, la languidez decadente que emanan de esos chorretones de tinta representan  quien todo lo fue y quien ya nada es ni será. Quien su momento de gloria ya pasó para siempre y quien, además, queda aquejado por haber contraído un letal virus –dígase cólera o coronavirus- que terminan llevándolo, inevitablemente, a la muerte –sea esta física o política-.

Y es que esa noción de la sempiterna presencia del ideal yace en ambos casos con toda la intensidad posible. En uno, en la forma de un sillón que escenifica el poder. En el otro, en la posesión de la pueril belleza. Von Aschenbach, en efecto, lo fue todo en la creación de lo bello del mismo modo como ese representado de Giuliani también lo fue en el poder y en la ostentación del mismo. Ciertamente, puede parecer hasta ofensiva la comparación por aquello de equiparar la más tosca forma del proceder humano enfrentada a la pulcritud de su excelsitud. Pido perdón, de antemano, si alguien puede creer inoportuno el hecho de contraponer esas dos situaciones.

No obstante, toda la fuerza visual del momento me remite a ese punto en el que ambas imágenes se funden en una de sola. La analogía de ese momento ficticio parece cobrar, dentro de mi mente, cierta realidad poética cuando comparece Rudy Giuliani en esas circunstancias. Solo le falto caer del atril para culminar la escena perfecta que lo elevaría a la eternidad. Una eternidad, todo sea dicho, donde lo mórbido se encumbra y la vida se retrotrae, ya, para siempre.

La derrota de Trump, la victoria del trumpismo

A fecha de hoy, el largo y tedioso recuento de los votos de las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses puede darse ya por concluido. Faltando por contabilizar unas pocas papeletas postales, se puede proclamar que Donald Trump ha sido el candidato que, a tenor del apoyo conseguir mediante sufragio popular, hubiese logrado una estancia de cuatro años más en la Casa Blanca; pues del resultado obtenido se desprende que, en todas las elecciones presidenciales anteriores hubiese logrado una holgada victoria. Los datos son, en este sentido, claros y contundentes. Trump no solo ha incrementado su apoyo electoral en 10 millones de votos sino que hubiese vencido, sin rasgarse las vestiduras, al mismo fenómeno Obama, quien en 2008 logró alcanzar la presidencia con casi 65,5 millones de votantes. Trump ha obtenido la friolera de casi 73 millones.

Aquí, lo de menos, es que, en efecto, perdió las elecciones. Nadie debe olvidar, sin embargo, que eso fue así, precisamente, porque el entusiasmo que ha despertado el insolente Presidente (y, dígase ‘insolente’ por decir uno de tantos adjetivos que a uno se le ocurre para definir al susodicho) había que apaciguar esa idolatría hacia su personalidad. Era necesaria una contraofensiva al trumpismo. El bondadoso, pero poco carismático Joe Biden ha sido el beneficiario. No por sus méritos, sino sencillamente por ser su alternativa.

Mucho se ha dicho ya entorno al tema. Que, en efecto, no es una cuestión de demócratas o republicanos. Que la ideología pasa, prácticamente, a segundo plano. Sencillamente, que había que aplicar quimioterapia ante un cáncer, con riesgo agudo de metástasis, que amenazaba al –todavía- Estado más poderoso del mundo. En este sentido, para ilustrar un poco la cuestión se hará un elegíaco paralelismo; un cáncer –literal- se llevó al convicto republicano John McCain en 2018. El dignísimo McCain fue un activista del antiturmpismo, un luchador contra los tumores malignos. El primero –el suyo propio- no lo venció, pero se puede decir que el recuerdo de su elegancia y su altura de miras en la política, seguro que contribuyó a contener al segundo.

En efecto, el verbo debe ser ese: ‘contener’. El incendio metafórico y literal que creó ese monstruo sigue muy activo. El trumpismo, lejos de morir, ha hecho de la primera democracia moderna del mundo un lugar donde los disturbios se suceden, las mentiras (‘fake news’) se divulgan a modo de dogmas de fe, los modales y la educación se vuelven insultos, difamaciones y calumnias; y así, un largo etcétera.

Mientras esto sucede, desde Europa la gran mayoría se pregunta ¿cómo logró ese ególatra e inoperante sujeto ser Presidente de los Estados Unidos? A la pregunta debería añadirse el factor clave Y –exceptuando el vencedor de los comicios- ¿cómo pudo perderla con el mayor apoyo popular de la historia? Pues Trump, en efecto, perdió las elecciones, pero el trumpismo venció. Venció porque ahora los Estados Unidos están más divididos. Porque se ha abierto una terrible caja de pandora de consecuencias indeterminables; esto es, la impunidad, el ‘todo vale’. Porque, ciertamente, la institución de la Presidencia de los Estados Unidos ha podido resultar más o menos afín, pero si algo ha habido en ella ha sido pulcritud y decencia.

Con el trumpismo se ha abierto un nuevo período. Esa aureola reverencial con la que se proyectaba, tiempo atrás, la idea de lo que representaba el Despacho Oval ha quedado mancillada. Ya no por convertirse en uno de esos desaguisados platós televisivos que tanto había frecuentado su morador para estampar una firma que validaba un perverso decreto. Sencillamente porque su sola presencia lo ha pervertido. Perversión es misoginia, xenofobia, supremacismo. Perversión es, en último termino, la normalización de la misantropía. Porque alguien que pueda proyectar tanto odio, diseminándolo en forma de mentira, no puede ser más que alguien que sea incapaz de quererse nada más que a sí mismo.

Y, en ese modo de egolatría colectiva, nace un nuevo modo de pensar. Un pensamiento apolítico y visceral. Una especie de preconización del ‘sálvese quien pueda que vienen los otros’ bajo el lema del ‘Make America great again’.

* * *

Para terminar, sería injusto decir que los Estados Unidos han votado masivamente a Trump sin añadir algo más. En el presente texto se ha hablado de la división como efecto directo del trumpismo. Una de las divisiones más acuciantes en el país es la que separa las zonas rurales de las urbanas; pues mientras las primeras han sido el gran caldo de cultivo del trumpismo, las segundas han sido los bastiones de la resistencia hacia él. Que quede clara una cosa, que nadie se confunda, esto no es una cuestión de malos y buenos ni de ‘urbanizar’ lo rural. Es un alegato a la diversidad e, incluso, al conflicto constructivo.

La demografía muestra como en la ciudad -no exenta de sus atávicos problemas- la diversidad cultural genera riqueza social, teje compromisos colectivos y produce sistemas de ayudas cruzadas. En efecto, no hay un paradigma de lo urbano como sí lo hay de lo rural (véase, en este sentido, la película ‘American Beauty’ como ejemplo de ese patrón de sociedad al que se hace referencia). Para evitar más quimioterapias –que siempre son agresivas y generan molestos efectos adversos-, quizá haya que ‘humanizar’ esas zonas no urbanas. Romper ese cliché de homogeneidad sería el primer paso para derrotar esta lacra donde el maldito trumpismo ha logrado arraigarse. Sin adoctrinamiento. Sencillamente diversificando. Quizá esa sea una buena forma de empezar a hacer política de nuevo.

Apuntes entorno al Brexit

Hoy es un día tristemente histórico: tras 47 años de pertenencia del Reino Unido en el seno de la Unión Europea los británicos han dejado de formar parte de la confederación de Estados más importante del planeta. Es histórico fundamentalmente porque, si bien el proyecto comunitario europeo se ha basado en la integración –esto es, en añadir más miembros y más músculo al mismo-, la ruptura se produce por parte de la segunda potencia económica que la integra. Es triste porque, con el Brexit, todos perdemos; tanto Europa –institucionalmente hablando- como, sobretodo, el Reino Unido.
La génesis del divorcio, contrariamente a lo que pueda parecer, se remonta a tiempos pretéritos. Fue Margaret Thatcher quien introdujo las primeras semillas del quebrantamiento comunitario al manifestar, en diversas ocasiones, sus suspicacias entorno a la convivencia confederal europea y al perjuicio que esta ocasionaba en el Estado británico. La piedra angular con la cual la Dama de hierro insuflaba su antieuropeísmo no era otra que su reticencia a ceder soberanía a un ente supraestatal del cual el Reino Unido formara parte.
No obstante, la UE –y su antecesora, la Comunidad Europea- siempre fue proclive a entender el ‘hecho diferencial británico’, de modo que gran parte de la normativa que emanaba de la misma concedía reservas al Reino Unido para no ‘implicarla’ en exceso en lo que el resto de estados miembros consensuaban. Paradigmáticos han sido, en este sentido, los beneficios obtenidos en la llamada PAC (Política Agrícola Común), en base a la cual los británicos han gozado de cuantiosos subsidios para no ver mermada su productividad en dicho sector de la economía.
Es de este modo como cierta parte de la población y de líderes políticos del Estado británico, han pretendido –y así ha quedado constatado en el proceso de negociación del Brexit- obtener los beneficios del libre comercio que les ha brindado su pertenencia a la UE y, a su vez, rechazar la libre circulación de personas que obliga la misma institución comunitaria. Ha sido, precisamente en base a este último punto en virtud del cual se ha ido articulando un discurso eurófobo liderado por el partido ultraderechista de Nigel Farage. El discurso no dista en absoluto del de tantísimos movimientos populistas-derechistas surgidos en Occidente en los últimos años, cuyo emblema es Donald Trump y su “Make America great again”. Si cambiamos el “America” por el “UK” el resultado no es otro que el mismísimo Brexit.
A todo ello, hay que sumar otros aspectos: la ambigüedad del Labour entorno al Brexit y la casi plena asunción de los Tories del discurso de Farage –al menos en lo referente a la cuestión que aquí se trata- y, sobretodo, a un nacionalismo exacerbado donde el inglés –y, cabe remarcar, ‘inglés’, porque no ha sucedido lo mismo con el resto de naciones británicas- se ha creído con un dominio moral y patrio absurdo y abusivo. Ese etnocentrismo –quizá intrínseco en muchos casos en Inglaterra por su marcada idiosincrasia- ha derivado en xenofobia radical y, a su vez, ha justificado la incomprensión de muchos individuos que el ‘ser inglés’ no es incompatible al hecho de pertenecer a una entidad supranacional que fuera más allá de ellos mismos.
La esperanza de que todo esto sea un “See you” y no un “Goodbye” en toda regla no es otra que Londres y, de ella, especialmente, la City. Estos últimos, han apostado en todo caso por la permanencia. Han sabido ver más allá del provincianismo inglés, proyectándose como capital de Europa. Sus negocios se han beneficiado claramente del libre comercio. Con la creación de los consecuentes aranceles derivados del Brexit es evidente que se resentirán. De hecho muchas empresas ya han trasladado sus sedes corporativas fuera del territorio británico en aras de una mayor proyección a nivel europeo. La City observa atónita como sus conciudadanos se han hecho el harakiri. No obstante, no están dispuestos a mirarlo desde un segundo plano y actuarán para restablecer con la mayor prontitud el status quo que les ha convertido en la gran potencia financiera que son hoy en día.
Finalmente, no puede terminar un análisis del Brexit sin citar Escocia. Búsquese un mapa donde se traduzca cromáticamente quién apostó por el leave y el remain, pues éste mostrará la realidad social británica. Escocia es claramente europeísta. Dicho de otro modo, la realidad nacional escocesa se traduce en querer pertenecer a la UE; y, ciertamente, se antoja difícil creer que Boris Johnson podrá sostenerla dentro de la Union Jack si se perpetúa la segregación de todo el Reino Unido. Otro referéndum pica a las puertas del 10^th Downing Street y, este sí, puede ser ya el definitivo.

Crónica de un debate

De inicio, cada uno en sus atriles –en ese extraño ring­ de lucha libre-. Se da el silbato inicial. Luego saltan a la palestra los cinco presidenciables y, mientras el resto juegan al ‘más de lo mismo’, sin aportar novedades significativas, dos de ellos destacan con diferencia sobre la monotonía monocroma de la soporífera medianía.

Y, no obstante siendo polos opuestos y jugando tácticas radicalmente distintas, Pablo Iglesias y Santiago Abascal, se alzan con diferencia sobre el resto de los candidatos a residir, los próximos años, en el Palacio de la Moncloa –si es que eso es posible más allá de Pedro Sánchez que, ante el bloqueo evidente, va camino de convertirse en el funcionalísimo de todos los Presidentes del Gobierno habidos y por haber.-

Lo dicho, el verde –en España neo-fascista y, para nada, ecologista- y el morado –el liliáceo que se posiciona en el flanco más izquierdista-, asaltan el plató con vehemencia. Uno des de la serenidad de la experiencia, contemporaneizado en sus tempos y en su virulencia verbal –quedando lejos aquellas épocas en que interpelaba y exasperaba al entonces Presidente Rajoy con su famoso “Tic Tac” del Olímpico de Badalona-. Ciertamente, Pablo Iglesias es, ya un veterano de estos asaltos y, como tal, un moderado púgil. Más politólogo que político, emana dosis de docencia en sus intervenciones a la vez que vectoriza toda la complejidad, aportando soluciones ante una realidad sumamente compleja.

En el otro extremo del pugilato, Santiago Abascal, se muestra como el candidato populista –que en su tiempo pudo ser el mismo Iglesias- pero con un discurso sumamente simplista y efectista que, en todo momento, se desbordó por su flanco derecho. Pero, atención. Este señor no bromea. Dice todo lo que muchos hemos querido escuchar más allá de las paredes del salón de nuestras viviendas. Opuesto a Iglesias, su simplismo es efectista, sobre todo hacia aquellas mentes –abundantes- que pretenden escuchar lo que siempre han pensado y no han gozado decir. Todo un arribista que, a diferencia de Iglesias, todavía está por conocer su techo electoral.

Sí, una doble corona del tamaño de una catedral. Un empate técnico que obligaría a repetir la contienda si no fuera porque el elector de uno y otro están inconexos; pues mientras uno cercaba las orillas del Mar Menor, el otro hacia lo mismo con el Mar de la Tranquilidad –aquél lunático terreno en que un tal Neil Armstrong marcó su huella en su “pequeño paso” que determinaba el devenir de la Humanidad-. Y es que de Humanidad era desbordante el discurso de Iglesias, como lo era de inhumano el de Abascal –pues, como todo buen fascista, hizo gloria del ‘otro’ para achacar los males del presente que nosotros mismos hemos generado-.

Y, qué decir del resto. Pues nada. Más allá de que Rivera vio pasar de largo su último tren y -el que, casi con toda seguridad- lo dejará para siempre apeado del ring político, las glorias del bipartidismo fueron, sin duda, los actores más débiles de la contienda. Con poco que ganar y mucho que perder, moderaron sus ataques de forma muy premeditada. Casado no da para más -¡pobre!-. Sánchez hizo uso de su calidad institucional de presidente –no lo olvidemos, en funciones-, para, de vez en cuando, lanzar algún titular fatuo e inefectivo; pues su acartonamiento presidencial le privó de toda motricidad expresiva que pudiera aparentar un mínimo de tranquilidad.

Así, los vencedores son claros. Los derrotados también. Todo abierto y sin embargo, todo abocado a un periodo de casi imposible gobernabilidad. No se atisban movimientos de desbloqueo a corto plazo; pues si bien el árbitro alzo ambos brazos para coronar a los ganadores de esta batalla –verde en la derecha y morado en la izquierda-, no olvidemos que el recorrido es largo y que el resto de actores –no presentes ayer en el ring- mucho tienen que decir y decidir para consolidar el vencedor final. La batalla de la Moncloa está lejos de resolverse.

Qui hi ha rere els violents?

Davant la certa curiositat que em despertava traçar un perfil-robot entorn als exaltats i violents subjectes que es dediquen  ja, des de fa tres dies, a la realització d'actes de naturalesa quasi criminal -on quasi el 'quasi' és objecte de debat-, he sortit de casa per tal de copsar què s'amaga darrera d'aquests exaltats.
El cert és que m'he endut una sorpresa superlativa; doncs més que grups criminals organitzats i, més enllà de l'olor a plàstic cremat, no he vist altra cosa que nois que amb prou forces excedien l'edat dels vint anys. Nois que reverteixen el 'cremor' derivat dels seus excesos hormonals i endorfínics en el 'cremor' indiscriminat i arbitrari de mobiliari urbà o en les barricades de viva flama d'un foc més que real.
Ja una lleu boirina difuminava lleument el perfil urbà de Barcelona des dels seus punts més alts. A mesura que un s'aproximava a la 'zona zero' -eixamplada en tot l'Eixample i, fent valer més que mai la redundància- l'olor s'intensificava, mentre els nois caminaven impunement pels carrers de la ciutat amb esperit amistós i confraternal, és a dir, plena normalitat. Nois, altrament, llunyans a capes per essència tendents a la rebel·lió -social, no pas penal-. Nois de classe mitja o, fins i tot, mitja-alta.
Mentre les sirenes de policía s'escoltaven en la llunyania, ells segregaven altes dosis d'adrenalina que, com a mode de droga, convertien més en un fet lúdic que reivindicatori. Han trobat una nova substància psicoactiva dita 'alteració greu de l'ordre públic'. Flux d'anades i vingudes davant dels cosos policials, frivolització del delicte. I, entre tot, una normalitat excessivament anormal; doncs exerceixen l'aldarull com aquells qui practiquen els famosos excesos etílics amb finalitat d'embriagar-se i res més.
La tasca serà complicada d'afrontar des de les diferents Administracions Públiques; doncs cal partir del fet que, com tota droga, un cop administrada en dosis altes es difícil deslligar-se'n. Probablement, ja no és un problema ni judicial, ni polític. Més aviat l'intent d'abordar-ho des de certa sociologia o psicopedagogia pueril i de contenció endorfínica que requerirá més feina del que ens imaginem i en línies molt diverses a les sostingudes fins ara.

"Esperpento" independentista

Després de les esperpèntiques jornades viscudes al Parlament de Catalunya aquesta setmana, crec que, des d'aquí, no aniria malament posar negre sobre blanc per tal d'aclarir alguns dels fets que han succeït i que justifiquen la qualificació donada a l'inici d'aquest paràgraf introductori. Dit això, es passarà a desgranar els principals punts que han fet trontollar políticament el nostre país durant dues intenses jornades parlamentàries.
El cert és que ha estat quasi com si algun vent rebel d'aquests huracans que han assotat els mars del Carib sincrònicament a les tempestuoses sessions viscudes al Parlament de Catalunya el dimecres i el dijous d'aquesta setmana hagin remogut els fonaments mateixos d'aquesta darrera institució. L'esperpent ha estat total. No obstant això, són tants els prismes des dels quals es podria analitzar aquesta tragicomèdia que, primerament, es procedirà a acotar quina serà l'esfera a través de la qual aquest text pretén analitzar aquest fenomen. Així, si bé no s'eludirà la voluntat de penetrar en ell des d'una òptica política, els arguments seran, en gran mesura d'origen juridicolegal.
Per altra banda, el fet que això sigui així no és casual. S'està parlant d'un fenomen de caràcter polític -en això no hi ha dubte-, però per aprehendre la política en tota la seva dimensió, cal, primerament, conèixer el marc normatiu en el qual aquest es desenvolupa. És a dir, no es pot fer un bon anàlisi polític si, prèviament, no s'acoten unes regles d'acord amb les quals es pugui realitzar la lectura del fenomen mateix; doncs qui pensi el contrari cau en l'error de navegar sense rumb en uns llimbs amorf de conceptes desdibuixats.
Dit això, és procedent preguntar-nos: és legítim convocar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya? La resposta és sí. No només legítim sinó necessari; doncs, qualsevol ens amb una identitat social, cultural, històrica i lingüística té dret a decidir el règim de relació que vol establir amb l'estat al qual pertany -o, donat el cas, fins i tot, al qual volgués pertànyer-.
La segona qüestió fonamental és: és vàlid tot procediment per tal d'aconseguir dur a terme aquest propòsit? La resposta és no. Tot i en el cas -legítim- d'insubmissió per obstrucció d'un de l'exercici d'aquest legítim dret -com succeeix a Catalunya respecte a l'actitud mostrada per les altes institucions de l'Estat-, s'ha d'establir un cert marc normatiu el qual empari la resta de drets per tal que no es produeixi un conflicte entre aquests.
Així, no pot justificar-se, en cap cas, la introducció de les anomenades lleis de referèndum i de transitorietat per mitjà de l'alteració de l'ordre del dia que, altrament, estableix l'art. 81.3 del Reglament del Parlament de Catalunya. Després d'una afirmació tan rotunda, sembla necessari aclarir aquest punt. S'anirà a pams. L'ordre del dia no és una mera agenda, en el sentit de "voler posar ordre" a allò que es debatrà, sinó que constitueix una vertadera garantia pels diferents grups parlamentaris en tant que aquests podran preparar les seves intervencions al Ple i, sobretot, acomplir al període de presentació d'esmenes. En aquest cas, una de les essències de la democràcia parlamentària és el fet que, donada a conèixer una disposició normativa, els diferents grups -en tant que representants del poble de Catalunya- puguin proposar modificacions sobre aquesta o rebutjar-la de base -presentant, si escau, una esmena a la totalitat-. Per això el mateix Reglament del Parlament de Catalunya preveu un període de diversos dies per executar a aquesta praxi. Tanmateix, aquest dret va ser absolutament laminat per part de la majoria parlamentària, deixant a la resta dels parlamentaris -insisteixo, també representants del poble català- en una situació, si més no, de debilitat i afebliment en tant que aquests darrers només van tenir temps de presentar -i, a més, d'articular!- les esmenes en aproximadament dues hores.
El nyap legal, però, no acaba aquí. Podria pensar-se que el que s'ofereix en aquest text és una simple interpretació d'un humil jurista. No és el cas. En aquest sentit, no només els lletrats del Parlament de Catalunya van apreciar la injusta aplicació de la norma que regula aquesta darrera institució sinó que el mateix Consell de Garanties Estatutàries -creat ad hoc pel trinxat Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 i a instàncies dels sectors independentistes de l'aleshores govern tripartit- va determinar, igualment, que el procediment no s'ajustava a Dret i va declarar en els mateixos dictàmens que va emetre el caràcter preceptiu de la seva resolució. El resultat no va poder ser més antidemocràtic: la majoria parlamentària independentista va fer cas omís d'allò que deia -ja no un òrgan de l'Estat!- el que molts consideren el Tribunal Constitucional català.
Davant d'aquest fet, cal tornar enrere i veure com, en efecte, el marc normatiu és necessari; que fins i tot en el desordre hi ha d'haver un ordre. El fet, però, és que aquells que van ser capdavanters en la defensa del dret legítim i democràtic d'autodeterminació, navegaven en l'anteriorment esmentat llimbs normatiu, deslegitimant i desautoritzant allò que ells mateixos havien creat. És a dir, navegació inflexible en un llimbs d'arbitrarietat i inseguretat jurídica total i absoluta, on els mitjans han justificat en excés els fins.
Espanta quasi més, però, el fet que unes lleis de "desconnexió" amb l'Estat, amb tot allò que això representa -és a dir, separar una part de l'Estat per constituir-ne un de nou- s'aprovi amb un marge de mera majoria absoluta, quan l'Estatut d'Autonomia -norma "menys" important davant d'una situació de secessió-, determina que per la seva pròpia modificació es requereix una majoria de dos terços de la Cambra. Com es pot entendre això? L'única explicació plausible és el fet d'haver convertit el referèndum - i, per extensió, la independència- en doctrina de fe, en un imperatiu inefable del qual només se sap que es vol però ja ni tan sols per què.
Per acabar -no pas perquè no hi hagi més fronts a tractar, sinó per economia espacial i per evitació d'un text que pugui resultar illegible-, caldria aclarir el perquè en el paràgraf anterior s'ha afirmat que el referèndum i la independència són una i la mateixa cosa. Doncs bé, senzillament pel fet que el pòsit en el qual s'ha gestat aquest mateix no és altre que el del moviment independentista; és a dir, els grups polítics de Junt pel Sí -el qual el nom no pot ser més explícit- i la CUP. De fet, la llei de transitorietat ja dóna a entendre que rere el referèndum hi ha un "sí" a la independència subjacent; doncs es denota que aquest "sí" guanyarà i que, per tant, serà necessària una "constitució interina" en el moment immediatament posterior a la victòria del secessionisme.
I, ja en última instància i en relació a les preguntes formulades al principi d'aquesta anàlisi, cal preguntar-se: i, aleshores, com es pot realitzar un referèndum d'autodeterminació sense dilapidar tot l'ordenament jurídic tant espanyol com català? Doncs per la via d'unes eleccions autonòmiques tintades de caràcter plebiscitari i, on una majoria qualificada, avali les forces sobiranistes. El fet, però, és que això ja s'ha fet i, tot i que l'independentisme ha aconseguit la majoria parlamentària no ha pogut obtenir la majoria social que es requereix i, menys encara, una majoria qualificada.
Es pot dir, doncs, que aquest país -que és Catalunya- ha viscut oníricament en un mal anomenat "procés" que hauria d'haver-se conclòs fa dos anys; concretament el 27 de setembre de 2015, en aquelles eleccions que van ser titllades de plebiscitàries -és a dir, de referèndum encobert- i que el sobiranisme va perdre. I no val dir que aquest darrer va obtenir la majoria parlamentària; ja que si això és així, és per l'anacrònica llei electoral catalana, excessivament descompensada en benefici de les zones menys poblades i a on el moviment independentista té més força. El fet és, doncs, obtenir l'esmentada majoria social qualificada. De moment, però, sembla que, donat que això ja s'ha fet, el més sensat, tant pel sector independentista com per l'unionista, és reobrir les vies de diàleg que en aquest moment es troben, ja no només en estat crític, sinó a punt d'una fractura irreversible.

 *  *  *

Después de las esperpénticas jornadas vividas en el Parlament de Catalunya esta semana, creo que, desde aquí, seria oportuno poner negro sobre blanco para aclarar algunos de los hechos que han sucedido y que justifican la calificación dada al inicio de este párrafo introductorio. Dicho esto, se pasará a desgranar los principales puntos que han hecho tambalearse políticamente nuestro país durante dos intensas jornadas parlamentarias.
Lo cierto es que ha sido casi como si algún viento rebelde de estos huracanes que han azotado los mares del Caribe sincrónicamente a las tormentosas sesiones vividas en el Parlament de Catalunya el miércoles y el jueves de esta semana hayan removido los cimientos mismos de esta última institución. El esperpento ha sido total. Sin embargo, son tantos los prismas desde los que se podría analizar esta tragicomedia que, primeramente, se procederá a acotar cuál será la esfera a través de la cual este texto pretende analizar dicho fenómeno. De este modo, no se pretenderá eludir la voluntad de penetrar en él desde una óptica política. No obstante, los argumentos serán, en gran medida de origen juridicolegal.
Por otra parte, el hecho de que esto sea así no es casual. Se está hablando de un fenómeno de carácter político -de eso no hay duda alguna-, pero para aprehender la política en toda su dimensión, es necesario, primero, conocer el marco normativo en el que éste se desarrolla. Es decir, no se puede hacer un buen análisis político si, previamente, no se acotan unas reglas de acuerdo con las que se pueda realizar la lectura del fenómeno mismo; pues quien piense lo contrario cae en el error de navegar sin rumbo en un limbo amorfo de conceptos desdibujados.
Dicho esto, procede preguntarnos: ¿Es legítimo convocar un referéndum de autodeterminación en Catalunya? La respuesta es sí. No sólo legítimo sino necesario; pues, cualquier ente con una identidad social, cultural, histórica y lingüística tiene derecho a decidir el régimen de relación que quiere establecer con el estado al que pertenece -o, dado el caso, incluso, al que quisiera pertenecer-.
La segunda cuestión fundamental es: ¿Es válido todo procedimiento para conseguir llevar a cabo este propósito? La respuesta es no. Aunque en el caso -legítimo- de insumisión por obstrucción del ejercicio de este legítimo derecho -como sucede en Catalunya respecto a la actitud mostrada por las altas instituciones del Estado-, se debe establecer un cierto marco normativo en el que se ampare el resto de derechos para que no se produzca un conflicto entre ellos.
Así, no puede justificarse, en ningún caso, la introducción de las llamadas leyes de referéndum y de transitoriedad mediante la alteración del orden del día que, de otro modo, establece el art. 81.3 del Reglamento del Parlament de Catalunya. Tras una afirmación tan rotunda, parece necesario aclarar este punto. Se procederá, ahora, a analizar lo dicho. El orden del día no es una mera agenda, en el sentido de "querer poner orden" en lo que se debatirá, sino que constituye una verdadera garantía para los diferentes grupos parlamentarios en tanto que estos podrán preparar sus intervenciones en el Pleno y, sobre todo, cumplir el período de presentación de enmiendas. En este caso, una de las esencias de la democracia parlamentaria es el hecho de que, una vez se ha dado a conocer una disposición normativa, los diferentes grupos -en tanto que representantes del pueblo de Catalunya- puedan proponer modificaciones sobre esta o rechazarla de base -presentando , en su caso, una enmienda a la totalidad-. Por eso el propio Reglamento del Parlament de Catalunya prevé un período de varios días para ejecutar esta praxis. Sin embargo, este derecho fue absolutamente laminado por parte de la mayoría parlamentaria, dejando al resto de los parlamentarios -insisto, también representantes del pueblo catalán- en una situación, cuando menos, de debilidad en tanto que estos últimos sólo tuvieron tiempo de presentar -¡Y, además, de articular!- las enmiendas aproximadamente dos horas.
La chapuza legal, sin embargo, no termina aquí. Podría pensarse que el que se ofrece en este texto es una simple interpretación de un humilde jurista. No es el caso. En este sentido, no sólo los letrados del Parlament de Catalunya apreciaron la torticera aplicación de la norma que regula esta última institución sino que el propio Consejo de Garantías Estatutarias -creado ad hoc por el trinchado Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 ya instancias de los sectores independentistas del entonces gobierno tripartito- determinó, igualmente, que el procedimiento no se ajustaba a Derecho y declaró en los mismos dictámenes que emitió el carácter preceptivo de su resolución. El resultado no pudo ser más antidemocrático: la mayoría parlamentaria independentista hizo caso omiso de lo que decía -¡Ya no un órgano del Estado! - lo que muchos consideran el Tribunal Constitucional catalán.
Ante este hecho, hay que volver atrás y ver cómo, en efecto, el marco normativo es necesario; que incluso en el desorden debe haber un orden. El hecho, sin embargo, es que aquellos que fueron pioneros en la defensa del derecho legítimo y democrático de autodeterminación, navegaban en el anteriormente mencionado limbo normativo, deslegitimando y desautorizando lo que ellos mismos habían creado. Es decir, una pura navegación inflexible en un limbo de arbitrariedad e inseguridad jurídica total y absoluta, a donde los medios han justificado en exceso los fines.
Asusta casi más, sin embargo, el hecho de que unas leyes de "desconexión" con el Estado, con todo lo que ello representa, es decir, separar una parte del Estado para constituir uno de nuevo- se apruebe con un margen de mera mayoría absoluta, cuando el Estatut d'Autonomia -norma "menos" importante ante una situación de secessió-, determina que por su propia modificación se requiere una mayoría de dos tercios de la Cámara. ¿Como se puede entender esto? La única explicación plausible es el hecho de haber convertido el referéndum - y, por extensión, la independencia- en doctrina de fe, en un imperativo inefable del que sólo se sabe que se quiere pero ya ni siquiera por qué.
Para terminar -no por que no haya más frentes a tratar, sino por economía espacial y por evitación de un texto que pueda resultar ilegible-, habría que aclarar el porqué en el párrafo anterior se ha afirmado que el referéndum y la independencia son una y la misma cosa. Pues bien, sencillamente por el hecho de que el poso en el que se ha gestado este mismo no es otro que el del movimiento independentista; es decir, los grupos políticos de Junts pel Sí -cuyo nombre no puede ser más explícito- y la CUP. De hecho, la ley de transitoriedad ya da a entender que tras el referéndum hay un "sí" a la independencia subyacente; pues se denota que este "sí" ganará y que, por tanto, será necesaria una "constitución interina" en el momento inmediatamente posterior a la victoria del secesionismo.
Y, ya en última instancia y en relación a las preguntas formuladas al principio de este análisis, cabe preguntarse: ¿Y, entonces, cómo se puede realizar un referéndum de autodeterminación sin dilapidar todo el ordenamiento jurídico tanto español como catalán? Pues por la vía de unas elecciones autonómicas tintadas de carácter plebiscitario y, donde una mayoría cualificada, avale las fuerzas soberanistas. El hecho, sin embargo, es que esto ya se ha hecho y, a pesar de que el independentismo ha conseguido la mayoría parlamentaria no ha podido obtener la mayoría social que se requiere y, menos aún, una mayoría cualificada.
Se puede decir, pues, que este país -que es Catalunya- ha vivido oníricamente en un mal llamado "procés" que debería haberse concluido hace dos años; concretamente el 27 de septiembre de 2015, en aquellas elecciones que fueron tildadas de plebiscitarias -es decir, de referéndum encubierto- y que el soberanismo perdió. Y no vale decir que este último obtuvo la mayoría parlamentaria; ya que si esto es así, es por la anacrónica ley electoral catalana, excesivamente descompensada en beneficio de las zonas menos pobladas y donde el movimiento independentista tiene más fuerza. El hecho es, pues, obtener dicha mayoría social cualificada. De momento, sin embargo, parece que, dado que esto ya se ha hecho, lo más sensato, tanto para el sector independentista como por el unionista, es reabrir las vías de diálogo que en este momento se encuentran, ya no sólo en estado crítico, sino al borde de una fractura irreversible.

El tablero norteamericano

El primer caucus  celebrado, justo en el Estado de Iowa ha depuesto resultados contrastados. Pues casi nadie se imaginaba lo que esta elección conllevaría.

En primer lugar y, tirando del lado republicano, el showman y magnate inmobiliario neoyorquino, Donald Trump, se ha pegado de morros. Iowa es un lugar tradicionalmente agrícola, con un tejido social blanco y netamente “americano”. En fin, sumamente conservador y, sin embargo, Trump, con todo lo que promulga, se ha dado de frente; no obstante a favor del ultra Ted Cruz.

Pues en ese sentido, mucho se contrapone Trump a Cruz, cuando uno y otro en poco difieren más que en la forma de presentarse. Cruz es, sin duda más ortodoxo. Trump más exuberante. Eso ha dado a Trump, sin duda, una fama que supera límites. De hecho, la showmania de Trump le ha dado a conocer fronteras allá, cosa que su rival, hierático, no ha logrado hacer. Sin embargo ese hieratismo le ha podido beneficiar a Cruz que, con esa apariencia de diplomático contenido ha podido arrebatar votos a Trump.

Por un lado muy distinto, Hilary Clinton se las ve ante Bernie Sanders en un empate técnico. Hilary tiene todas las de perder ante Sanders. No porque Sanders las tenga todas las de ganar, sino porqué Hilary lo tenia, de antemano, casi todo ganado.

Sin embargo, un viejo socialista quiere conquistar la Casa Blanca. De entrada, no nos confundamos. Sanders se dice llamar “socialista” pero, sin embargo, no deja de ser un socialdemócrata a la europea. Mucho, por otro lado, en un Estado donde la socialdemocracia ha brillado por su ausencia. Pero, vamos, en ningún caso un leninista. Un izquierdista, simplemente, europeo. A Sanders se le reprocha el querer liquidar la Obamacare –la “seguridad social” impuesta por el presidente Obama- en su reto izquierdista.

Hilary es, por otro lado, más del establishment. La Sra. Clinton tiene en su deber una política centrista-moderada que, seguramente, aunará la mayoria social norteamericana. Su gran virtud es la dicha anteriormente. Sin tener un carisma desmesurado, tiene en su poder una gran capacidad de movilización del voto moderado. Hilary es la gran favorita.

No obstante, Hilary también partía con ventaja en el 2008, cuando un casi desconocido Barack Obama enarboló su “Yes we can”, para apartarla de la candidatura demócrata.

No olvidando, por otro lado, que por la derecha también se le acercan –y mucho- con Cruz y un sorprendente Trump que es capaz de cualquier cosa para sentarse en el Despacho Oval y que mal haría en menospreciarlo.

En todo caso, el juego está sobre la mesa. Las partidas están por ver.

Catalunya e independencia

“LA LEY NO ES UN CONCEPTO INAMOBIBLE”

Como dicta el titulo; así se pronunciaba Artur Mas en la entrevista concedida a Ana Pastor en “El objetivo” de La Sexta. No sin descartar los recortes sociales del Sr. Mas y sus terroríficas consecuencias, el entrecomillado que se presenta en el presente artículo tiene una certeza muy pura.

Dentro de la filosofía política, se ha valorado múltiples veces la posibilidad entorno a la moral y la ley; entre la ley y la voluntad del pueblo. Y si algo queda claro es que no es dicha voluntad la que realiza la ley, sino que, en una democracia límpida, en ningún caso la voluntad del pueblo hace la ley, sino el mismo pueblo es el que la realiza.

En este sentido, se ha originado una multiplicidad de reacciones por parte de los órganos vinculados al Estado entorno al “fet català”, que van desde la suspensión radical de la autonomía hasta posiciones más intermedias.

Cabe, en este caso, resaltar la intervención de Francisco Rubio Llorente (La Vanguardia, 29/IX/14), en el cual se dicta que el proceso siempre se desarrolló de “arriba a abajo”, siendo las instituciones catalanas las que han determinado el devenir del proceso. Sin embargo, Rubio Llorente (Expresidente del Consejo de Estado), en su magnífico artículo, olvida la manifestación civil del 10 de julio de 2010. La que eclosionó la “Caja de Pandora ”que fue, en todo lugar, una reacción civil. Fue entonces cuando, el “no” al Estatut, que partía del Tribunal Constitucional asoló un violento golpe al pueblo de Catalunya. Requería respuesta y, poco a poco, se fue generando una corriente nunca vista en el Estado. Una masa social muy amplia salia a la calle a manifestarse con respecto a sus identidades y voluntades nacionales que identificaban a la propia región.

Mas, entretanto –y, ciertamente, ofuscado en su política antisocial- recuerda que la ley vigente pretende, solamente, conocer “la voz de un pueblo”.

Pese a su desastrosa gestión política en otros ámbitos, Mas tenia razón. Se trata de un pueblo que demanda la palabra. Se trata de un conjunto acotado, lingüístico, histórico y político, que solicita su opinión. Y en ningún caso extensible hacia la opinión de los otros –dígase España-.

La legitimidad, por lo tanto, debe prevalecer ante la legalidad; pues el orden de los factores si altera el producto; Democracia, equivale a legitimidad, que, a su tiempo, equivale a legalidad. La ley no legítima –y menos si es democrática-. Por lo tanto no puede ser un argumento válido.

DÉFICIT FISCAL

Dicho lo anterior, cabe resaltar el factor económico. A día de hoy se han publicado los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En él se dictamina una inversión del 9,5% del Producto Internacional Bruto (PIB) para Catalunya.

Dada esta información; ¿Qué tiene de relevante ese maldito PGE? Sencillamente que el peso del PIB catalán dentro del Estado español es de un 19%. O, dicho de otro modo, lo que recauda el estado en Catalunya es la mitad de lo que se invierte en ella  por parte de la Administración Central del Estado.

Se trata, pues, de un déficit fiscal cercano al ciento por ciento. Incluso, se llega a decir desde los medios de comunicación catalanes (La Vanguardia, (2/X/2/14)) que es la inversión más pobre hecha nunca en Catalunya en los últimos 17 años.

Si esto es cierto, el Gobierno de España, ¿no quiere parar de crear a independentistas –como mínimo fiscales-? Pues la fisura entre la solidaridad y la usurpación es cada vez más cercana.

ESCOCIA Y CATALUNYA

Se ha hablado mucho entorno a las similitudes y diferencias del referéndum escocés con respecto a la pretensión de consulta que se espera para el 9 de noviembre en Catalunya. Sin embargo, ¿Son tantas las diferencias?

El primero es un argumento histórico, que habla de la supuesta independencia del Reino de Escocia con respecto al Reino Inglés; hecho que validaría una hipotética pretensión de retorno al status quo anterior. Ciertamente, la historia es una ciencia muy inexacta y se debate entorno al hecho de que Catalunya haya sido en algún momento ”realmente” independiente. No obstante, el debate no debe centrarse en la historia y en sus derechos inertes, pues todo aquello ya es pasado. La realidad debe centrarse en los hechos consumados actuales y en valorar las vigentes circunstancias.

La historia catalana –haya sido o no un reino independiente- debe computarse desde la vigente pretensión del pueblo que la conforma. En este caso, la actualidad es imperativa. Y en ello debo remitirme a lo dicho en el primer punto: la democracia debe ser la guía absoluta hacia cualquier quehacer futuro.

En ese sentido, si que debemos aprender; no de Escocia. Del Reino Unido, que, conjuntamente ha decidido dar la palabra al pueblo escocés para que se pronuncie. El resultado será, en este sentido, aquel devenir de un país en el futuro.

Sobre la "doctrina Parot"

Para sintetizar, la doctrina Parot se basa en un principio popular muy conocido: “hecha la ley, hecha la trampa”. En este sentido, como bien se sabrá, la ley tiene siempre un substrato teleológico o, dicho de otro modo, se proyecta sobre un “por qué”. Así, el Código Penal de 1973 –aplicable en las sentencias anteriores al Código Penal de 1995, en el que se eleva la pena a cuarenta años de cárcel- consideró que la pena máxima de cárcel aplicable sobre un reo seria de treinta años ¿Por qué? Porque el legislador consideró contraproducente extender las condenas más allá. Así, cualquier condenado, fuera a los años que fuera –cientos, o miles, quizá- siempre quedaban reducidas a treinta, y sobre esos treinta años se aplicaban los beneficios penitenciarios correspondientes.

Sin embargo, como la justicia española ha tenido algunos tics totalizadores, el Tribunal Supremo decidió, en 1996 y mediante una acrobacia jurisprudencial, decidió romper con la finalidad de la ley –esto es, el trampeo legal al que se refiere al principio del texto- y, así, negar los beneficios penitenciarios a los reos por delitos, especialmente, de terrorismo ¿Cómo? Considerando que, solo a este tipo de reo, se debían aplicar los beneficios penitenciarios sobre cada una de las condenas. Así, si al resto de la población reclusa se le aplican los beneficios penitenciarios sobre los treinta años -aunque hayan sido condenados, supongamos, a trescientos-, a los terroristas se les aplican los beneficios sobre cada uno de los delitos cometidos, de modo que al acumular una pluralidad de los mismos, siempre se termina superando el umbral de los treinta años.

Lo explicado hasta ahora debe llevarnos a ciertas reflexiones; la primera es ¿qué es el terrorismo? Y ¿por qué merece un trato desigual al resto de delitos? El Código Penal, que tipifica el delito básico de terrorismo en su artículo 572, no dice nada respecto al mismo; pues lo define a través de noción de “organizaciones o grupos terroristas”. En tanto que la definición parte de lo definido, el Código Penal incurre en una tautología y por lo tanto, nada alumbra con respecto a lo que pueda distinguir el terrorismo del asesinato. En conclusión, y por economía procesal, el terrorismo no debería distinguirse del asesinato, más si se considera que ambos cargan con la misma penalidad. Por otro lado, considerar la sustancialidad del terrorismo es imposible sin caer en la arbitrariedad de dar algo ya por supuesto, esto es, que algo ya es de por sí “terrorismo”.

Sin embargo, no existe duda alguna de que este círculo ambiguo al que llamamos “terrorismo” genera una especial repulsión en la sociedad. Dentro de ese “ya dar por supuesto”, los “terroristas” merecen, a ojos del ciudadano un castigo ejemplar. La justicia se ha hecho eco de este rechazo y ha decidido trampear la ley con la doctrina Parot; de modo que, contraviniendo la finalidad de la ley misma y respecto a la cual se sujeta la justicia, se busca un hueco legal para cargar con el “terrorista” de un modo especial al resto de reos. Sin embargo, un sanguinario asesino que acumule delitos que no sean tildados de “terrorismo” puede gozar de los citados beneficios penitenciarios. Es evidente que algo chirría en todo lo dicho hasta ahora.

La repulsa, totalmente legítima y comprensible, de los asesinos –terroristas o no-, no debe llevarnos a una confusión en torno a lo que significa nuestro derecho penal. Muy a menudo escuchamos aquello de “se debe hacer justicia” y, ciertamente, se debe. Pero en ese comentario subyace casi siempre la idea retributiva de la justicia –esto es, ojo por ojo, diente por diente-, que contraviene la finalidad reinsertiva que le reconoce la Constitución misma a los presos. En este sentido, los beneficios penitenciarios deben ser entendidos en la línea de la reinserción del reo hacia una sociedad normalizada. Privarlo, sin embargo, de estos beneficios es una infracción clara del precepto constitucional que vincula la cárcel con la reinserción.

En conclusión, la doctrina Parot ha sido una praxis antijurídica desde las diferentes perspectivas en que se mire. No obstante, cabe dejar claro que el presente escrito no pretende hacer apología alguna de los asesinos. Por otro lado, desde aquí también se entiende el infinito dolor de la víctima y la voluntad visceral que el asesino reciba el máximo castigo. Sin embargo, el legislador determinó una voluntad al definir la ley y el poder judicial debe someterse a la misma. Por fortuna, parece que el Tribunal de Estrasburgo obligará a corregir esta grave anomalía jurídica.

Independentismo: algunas explicaciones

Creo que, llegados a este punto, se debería poder explicar en castellano por qué gran parte del pueblo catalán ha decidido emprender la senda independentista. No hay un motivo exclusivo, sin embargo, la conjunción de diversos aspectos pueden dar con alguna explicación ¿Por qué esta nueva posición del pueblo catalán? En primer lugar, habrá que mirar la historia reciente entre Catalunya y España.

Recordemos los hechos. El Parlament de Catalunya, donde reside la voz del pueblo catalán, votó por amplia mayoría un nuevo Estatuto de Autonomía. El famoso Estatut siguió su tramitación pasando por las Cortes españolas donde fue significativamente modificado para lograr que éste encajara con la Constitución. Tras alcanzar, finalmente, un acuerdo in extremis entre PSOE y CiU el Estatut ya reunía el quórum parlamentario requerido y fue entonces sometido a referéndum donde recibió el apoyo de la gran mayoría de los electores catalanes. Catalunya había hablado.

Sin embargo, en julio de 2010 el Tribunal Constitucional resuelve un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, fallando en contra de la constitucionalidad de  artículos muy significativos del texto estatutario y reinterpretando la gran mayoría de ellos en términos restrictivos. En ese instante se produjo una gran detonación. La voz del pueblo catalán y su relación con España no estaban acordes con los principios básicos ordenadores del propio Estado español. El pueblo catalán empezó a encontrarse ante un callejón sin salida.

Las reacciones desde Catalunya no se dejaron esperar. Pero ¿por qué los catalanes no se amoldan a lo que dicta la Constitución española y no ceden a ella? Porque la voluntad del pueblo ante el cambio de relaciones era muy firme y, ya hacía tiempo que había síntomas de incomodidad con el viejo status quo. Así, desde una de las posiciones se propone un nuevo camino para trazar juntos. Sin embargo, la cerrazón de la otra sigue imponiendo la vieja y obsoleta vía por el que el otro no quiere andar más. La reacción ha acabado siendo la búsqueda de un camino propio y ajeno. Y así lo ha hecho Catalunya.

Por otro lado, ha sido evidente que la comprensión que se ha mostrado el resto de España respecto a las reclamas catalanas ha sido exageradamente nula y ello se ha traducido en descalificaciones de gran calado, que no han hecho más que exagerar el sentimiento de los catalanes de querer romper la senda caminada junto a España. No puede sostenerse un matrimonio donde uno está sometido a insultos y vejaciones.

Y, lógicamente, siempre habrá quien dirá que esto lo empezaron los catalanes con su espíritu de grandilocuencia. No lo creo cierto en absoluto; Catalunya simplemente ha expresado un modo de ver las cosas que, como se ha dicho, cierto es que cada vez es más tendente al independentismo. Pero no por ello hay que faltar el respeto a nadie y menos a un colectivo como es el pueblo catalán. No obstante, quiero acabar este párrafo con un apéndice; pues a veces ciertos sectores del independentismo han faltado el respeto a las enseñas españolas. Para nada puedo compartir esta posición y no creo que sea la mayoritaria en Catalunya. En todo caso, ningún insulto debe escudarse en estos episodios que en nunca deben ser representativos de la totalidad del pueblo catalán.

Se ha hablado también del independentismo sobrevenido por cuestiones económicas. Cierto es que Catalunya es contribuyente neto respecto al conjunto del Estado, pero también sucede lo mismo con Madrid y Baleares, y no reclaman la independencia. Así, se puede aceptar que el factor económico pueda ser relevante pero solo cuando ya hay un poso muy marcado generado por otros motivos.

En este sentido, cabe tener en cuenta algo muy fundamental: Cataluya dispone de lengua, cultura e insignias propias. Así, cabe destacarse que las personas, por esencia, necesitan sentirse vinculadas a un lugar y, a su vez, a una comunidad. Esto es así en todo el mundo, incluso en aquellos que se declaran netamente antinacionalistas –hecho que yo llamo la “falacia antinacionalista”-. La razón de este vínculo no debe ser excluyente –aunque en muchos casos, cierto, lo ha sido- y quien se vincula a algo concreto no debe odiar a lo distinto, pues gracias a esa distinción se genera, en muchos casos, cultura.

Es por ello que en Catalunya, hay un gran arraigo hacia elementos culturales propios y diferentes a los que puede representar España. En este sentido es perfectamente legítimo que las personas puedan sentirse más o menos vinculadas a lo que pueda representar Catalunya o España. Asimismo, creo que es un motivo sencillo de entender, que hay personas que se identifican solamente con Catalunya, hecho que no debería llevar asociados más problemas. Sin embargo, la mera vinculación con una realidad cultural concreta sigue siendo motivo de insultos y vejaciones, hecho que lo único que genera es cada vez más sentimiento de desarraigo respecto de España y, consecuentemente, un aumento del sentimiento independentista.

Quebrantamiento de la seguridad jurídica

Parece que, finalmente, se ha llegado a un acuerdo entorno a la responsabilidad que tendrán los depositários chipriotas con respecto a sus ahorros. Según las últimas noticias se aplicará un -¿gravamen?- de entorno al 20% sobre los depósitos superiores a 100.000 euros.

Dicho esto, todos podemos concluir lo mismo: no pasa nada, solamente se gravará a los depositantes más ricos; estemos tranquilos. Solamente y, además, de entre estos ricos, más de una tercera parte son millonarios rusos que se aprovecharon del régimen fiscal favorable que les ofrecía Chipre –eufemismo que encubre el decir que este estado, es y ha sido, en toda regla, un paraíso fiscal-. Así, ofreciendo unos tipos impositivos desproporcionadamente bajos con respecto al resto de países de la Eurozona, Chipre hizo –quién sabe porqué- caso omiso a una situación anómala, por otro lado, muy previsible, y la Eurozona hizo la vista gorda, otra vez –como  lo hizo, asimismo, con la anomalía que yacia en el gravamen del impuesto de sociedades de la rescatada Irlanda; o, quizá, con respecto al insuflamiento casi ilimitado de dinero por parte del impoluto germánico a la exponencial creciente deuda griega; o sola e inocentemente a los fondos de alto riesgo que, desde el luteranismo ahorrador que propugnaba la Sra. Merkel, inyectaba dinero a grandes proyectos ineficientes a la vez que se hinchaba nuestra burbuja inmobiliaria-. En todo caso, la Eurozona solo se preocupó de expandir su moneda a tantos países como pudiera. La regulación, en todo caso, se generaría por virtud sacrosanta del libre mercado.

Llegados a ese punto, nadie puede negar el juego sucio de Chipre; captador de capitales en una Eurozona alérgica estos procederes. Sin embargo, tras las regulaciones pertinentes, Chipre fue admitido como Estado miembro y, en tanto a su estatuto, gozaba y se obligaba a los dictámenes de la moneda común. Ingresado ya en el Euro, Chipre continuó engrosando su sector bancario muy mucho; casi hasta sin ver el fin. Llegó a tal engordo que este mismo cuadriplicaba la riqueza media de la isla griega -esto es, el PIB de Chipre era tan solo una cuarta parte de lo que generaba su sector bancario-, fagocitando más y más capital, hasta el destino final e inevitable: El colapso.

Fue entonces cuando Chipre, sometido a una banca nacional en plena quiebra, llamó a las puertas de la Unión. La situación era ya insostenible. La UE y, en particular, la Eurozona, tras ciertos castigos sufridos y el runrún de los que se avecinaban, se dotó de mecanismos para salvaguardar a sus Estados miembros de un colapso genérico. Así fue como la UE, sumida en grandes incertidumbres, decidió crear un seguro bancario, siendo ella misma la prestataria en caso de siniestro. Todos sonrieron felices, entonces; pues no podía haber mayor aseguradora que la institución misma que había creado el Euro.

La garantía que se ofreció, transcurriendo por aquel entonces el año 2009, fue un seguro absoluto sobre todos los depósitos inferiores a 100.000 euros. El caos, sin embargo llegó para finales de marzo de 2013, cuando la quiebra del sector bancario chipriota requiso de la ayuda comunitaria. Entonces, en un primer momento, se planteó un gravamen algo superior al 6% para los depósitos cubiertos en virtud de esa cantidad. La repercusión inmediata fue la ruptura del sistema de seguros que recaía sobre los depósitos inferiores, asegurados por la propia UE mediante distintos mecanismos -el FROB en el caso español- ¿Era una quiebra, pues, de la misma institución comunitaria? La respuesta, días después, ha sido que dicha carga habría supuesto una violación del principio de seguridad jurídica.

No era entonces un problema chipriota. Lo que se ponía en duda era que aquellos Estados que se encontraban en una situación de fragilidad económica y que, en un plazo medio, podían incurrir en un rescate, pudieran incurrir, a la vez, en alguna medida arbitraria, como la impuesta a Chipre.

Ciertamente, lo más grave de todo lo acontecido es sin duda, este ultimo punto. Pues es una garantía jurídica que cuando alguien dispone de unas condiciones suscritas contractualmente, estas son vinculantes para ambas partes y, sobretodo; que nadie, ni ningún factor exógeno puede unilateralmente cambiar lo acordado. Este principio fundamental, básico y, casi, constituyente del derecho civil de todo régimen constitucional, se ha visto violado en esta ocasión. Dicha violación no es una afección sobre los más ricos –como hemos anticipado al principio-. Esto es, sin embargo, una afección sobre sobre el conjunto de las personas; pues jamás puede justificarse que lo acordado en vínculo jurídico pueda ser substancialmente modificado.

Cabe decir e insistir, ante todo, que esto no es una defensa a los más pudientes -mucho dista de serlo-. Es, fundamentalmente, una defensa de la seguridad jurídica; una defensa a que la suscripción de unas condiciones no puedan ser modificadas arbitrariamente según criterios de necesidad. Todos y cada uno, debemos ser conscientes del valor de la seguridad jurídica; pues sin su presencia no habría garantía de nada. Lo que se presenta aquí es, ante todo, una apología al contrato; nada más. Pues su vinculación permite disponer de las garantías de cumplimiento de los derechos y deberes suscritos y, en último termino, es el fundamento del mantenimiento del orden público.

Por todo ello y por las implicaciones mayúsculas, que superan los ricos y pobres, el cumplimiento del deber contractual frente a la arbitrariedad quebrantadora, debe ponderarse como algo mucho más preciado a los efectos nocivos de los injustificados incumplimientos. Pues, en esencia, la seguridad jurídica es el tronco común que permite la evitación de todos los desvíos que pueden acarrear efectos nocivos sobre cada uno de nosotros. Seamos o no chipriotas.

Chipre: pormenores de un rescate

Nos llega la triste noticia del rescate a Chipre. Rescate copagado, sin embargo, y de modo igual, desde las mismas arcas chipriotas y desde la troika (BCE, FMI y Comisión Europea). El 50% del mismo lo cubriran los tenientes de depositos en bancos de este país, el resto se cubrirá entre todos.

Este rescate contiene, sin embargo, distintos aspectos que deben salir a la luz:

1) Chipre ha sido un paraíso fiscal integrado en la Eurozona. El beneficio fiscal obtenido por la deposición que han ofrecido los bancos y las autoridades chipriotas ha sido muy, muchísimo, mayor a la media de los países que tienen como moneda el Euro. Lógicamente eso ha conllevado que muchos inversores recurrieran, alocadamente, a la disposición de sus ahorros en dichos bancos, preferiendo éstos a los de cualquier otro país de la UE. La responsabilidad de ello es, lógicamente, compartida: el gobierno chipriota se beneficiaba de la gran cantidad de capitales que descansaban en sus bancos; mientras, la UE –incomprensiblemente- obtuvo los réditos correspondientes a Chipre como Estado Miembro -y paraíso fiscal- sin verificar sus condiciones económicas para poder dar suficientes garantías como miembro de la Eurozona.

2) No todos los tenedores de depósitos son iguales. Aún siendo Chipre un paraíso fiscal, no todos los depositantes de dinero en sus bancos han sido igualmente castigados -hay que decir, hoy, que la UE estudia imponer unos tipos más equitativos-. Sin embargo, la misma Unión ha trasladado hasta ahora el castigo por disponer de ahorros en los bancos chipriotas, en un castigo igual a las grandes fortunas y a las pequeñas; pues los tipos de retención estipulados son los siguientes; mientras los grandes capitales (más de 100.000 €) gravarán un 9,9%, el tipo impositivo para los ahorradores de depósitos inferiores a 100.000 € será del 6,75% .

Es evidente que, si se tuviera que hacer frente al rescate mediante al ahorro, los tipos son demasiado onerosos; pues una familia –póngase, de media, una numerosa, de cinco miembros- que dispusiera de un ahorro en depósito –imagínese, de 20.000 €-, y que dichos ahorros fueran la base para poder sostener –sobrevivir- el día a día; dicha familia seria castigada con la imposición de 1.350 € -cantidad nada negligible para un pequeño ahorrador-.

3) El beneficio fiscal se atribuye, casi excluivamente, al capital extranjero. Los ciudadanos, en su amnesia –o indiferencia- colectiva, no ha hecho nada para cambiar la situación. Todos sostuvieron una situación económicamente insostenible; el dinero facturado por el sector bancario chipriota fue cuatro veces superior al mismo PIB del país. Es evidente que esta rátio es insostenible en cualquier estado con tributaciones normales. Sin embargo, mientras el ciudadano común chipriota tributaba a unos tipos insoslayables, han sido las grandes fortunas las que han depositado dinero sobre los bancos del país, buscando el mayor beneficio fiscal -y lo han obtenido-. De ahí el súbito interés de los gobernantes rusos –Putin y Medvédev- en que no haya afección alguna sobre el dinero depositado en los bancos del país isleño.

4) Quiebra la aseguradora más fiable: la Unión Europea. El periodo 2008-2009, previa evidencia de una inminiente crisis económica paneuropea y de consecuencias indeterminables, se decidió crear un seguro para todos los depósitos bancarios inferiores a 100.000 €. No era un seguro privado; lo garantizaba la mismísima Unión, mediante mecanismos heterogéneos. Es evidente que el recargo impuesto ahora sobre los depósitos chpriotas rompe con una norma aprobada en las más altas instancias de la Unión. Una norma que en España logró inducir a muchos ahorradores a disponer, en tiempo parcial de su dinero en depósito, conociendo el aval que garantizaba la UE con el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB).

Sin duda, un severo golpe a la seguridad jurídica de la UE, con consecuencias inconmensurables.

Chávez, chavismo y continuidad

El llanto por el deceso del creador de una nueva patria ha trascendido las pequeñas fronteras venezolanas; el luto es casi panamericano. Geográficamente hablando, no más que un pequeño estado. Sin embargo, su renombrada república bolivariana logró ir mucho más allá de la capacidad real de su economía. Hugo Chávez rehizo, reconvirtió y amoldó su tierra entorno a un nuevo paradigma.

El deceso de Chávez no solo es, así, un cambio de estereotipo entorno a la figura vacante. La muerte de Chávez conlleva consigo un movimiento ideológico; el chavismo. Muchos han avalado a su sucesor –Maduro-, nombrado por el mismísimo “Comandante-Presidente” para la continuidad del nuevo socialismo bolivariano del siglo XXI. Sin embargo, la subrogación de dicha ideología a “Un” personaje, es casi absoluta; esto es, Chávez es a la vez el fútil baile mariachi, como la nacionalización –sincrónica- del sector de las telecomunicaciones. Dicho de otro modo; el chavismo se subsumía bajo la bipolaridad entre lo coyuntural –de un baile folklórico-, con la señal bidígita de la deidad política –una suerte de Pantocrátor- que señalaba y mandaba la estatalización de un sector entero de la economía.

A la vez, asentó su economía a un desinterés entorno a las ratios macroeconómicas, a la par que su verdadera atención yació en la clase verdaderamente empobrecida de la sociedad. Chávez fue, indudablemente, un caudillo sensible hacia los pobres y así lo corroboran los índices sobre la materia realizados entre 1998 y 2013; la pobreza reducida casi a la mitad. Chávez gobernó sin la sumisión a las políticas asfixiantes de estabilidad presupuestaria que preconizan organizaciones como el FMI.

Así, año tras año los organismos regidos por las estratagemas de la economía de libérrimo mercado se aventuraban entorno a la inmediata caída del chavismo, que, sin embargo, lograba sobrevivir año tras año. Chávez, dosificaba cuidadosamente su poder petrolífero en virtud de sus aliados más firmes y seguros –entre ellos, genocidas de la magnitud del déspota sirio Bachar Al-Asad-.

De este modo, y pese al apoyo hacia verdaderos regímenes dictatoriales, Chávez lograba exportar su petróleo, y con ello promover intensas políticas sociales en su país. La vivienda, por ejemplo, gozaba de grandes “stocks” públicos que en ningún momento fueron susceptibles de conformar “burbuja” alguna; pues, a diferencia de España, ésta contaba con un aval material irrevocable, el petróleo –no hay burbujas vacuas mientras el oro negro insufla su líquido-.

Venezuela, en cambio, ha notado muy mucho la influencia del chavismo en la estatalización de la productividad. Los varemos anuales entorno a la competitividad relegaban al país a posiciones verdaderamente marginales. Cierto es que, cuando la empresa privada casi no tiene lugar, la competitividad tiende al cero. Venezuela solo puede ser competitiva mediante la continua devaluación del bolívar; la última, muy relevante, aconteció hace unos días, yaciendo Chávez, casi, en su lecho mortuorio, sin capacidad de discernir.

Las decisiones que debe resolver el chavismo, sin embargo, no son sencillas. Las elecciones que se avecinan darán un claro triunfo al oficialismo chavista en la medida que la idolatría y la victimización se transformen en voto. Maduro, sin embargo, así como el conjunto de personajes que pueden tener relevancia en este proceso sucesorio, no pueden ni podrán equipararse a Chávez, pues, pese a su afinidad ideológica, distan leguas de lograr la capacidad de empatía de la que gozaba el viejo Presidente. Y sobre esa capacidad, indudablemente, yace el chavismo.

Los próximos meses, pues, serán de tanteo; de ubicación. El chavismo, sin embargo, ha muerto con su ideólogo. El chavismo y sus implicaciones serán muy dignas de análisis en la politología actual –más cuando en Europa se dan a conocer personajes de la alterpolítica, como Grillo-. El chavismo no fue malo intrínsecamente; fue alternativo. Y ahí yace, como verdadera fuente de ideas para los próximos años; más cuando Europa se entrega a paradigmas socioeconómicos desconocidos. Las pregunta que nacen a raíz de lo dicho es; ¿podría influir alguno de estos paradigmas algo relevante en el quehacer de la política externa? ¿Hay algo exportable del chavismo a los patrones políticos basados en la economía social de mercado?

Los datos ocultos de las elecciones vasco-galaicas

El presente artículo no tiene más pretensión que poner sobre la mesa ciertos datos que se desprenden de las elecciones autonómicas acontecidas este pasado fin de semana y que, en gran medida, han sido obviados por los medios de comunicación. Así, evitando hablar de hechos ya tan evidenciados como la sangría de votos que sufre el socialismo desde las elecciones generales del 20-N del pasado año, se pasaran a tratar temas que aquí se han considerado dignos de ser analizados de un modo más pormenorizado.

¿Verdadero éxito del PP?

Hay unanimidad en los medios en resaltar que la victoria del candidato popular, Núñez Feijóo -hijo prodigo de Rajoy en su tierra natal y apóstata de su política en los tiempos más oscuros- representa un aval hacia los recortes sociales y hacia la doctrina de contracción económica del gasto que ha aplicado en el Gobierno del Estado, a la vez que constituye un balón de oxígeno en su proceder futuro. Quizá algunos electores se hayan planteado su voto en estos términos; quizá. Sin embargo, si consideramos, de entrada cierto este principio, finalmente, quizá, acabe representando lo contrario de aquello que ha aparentado ser prima facie.

Pues, si, cierto es que, de entrada, el PP “ha arrasado” con una mayoría absoluta “aplastante”. Así, no solo se ha mantenido en el poder sino que, además, ha aumentado su representación en 3 escaños respecto a las elecciones de 2009 ¡Y en pleno apogeo de los recortes sociales que está llevando a término el Gobierno de Rajoy! Sin embargo, el PP ha pasado de 789.427 votos en 2009 a 653.934 en 2012. ¿Aumentado? No; ha disminuido, y muy significativamente –porcentualmente, el 17,2%-. El PP ha sufrido una debacle muy considerable: ni más ni menos que por cada 10 electores en 2009 sólo 8 les han renovado su confianza en 2012.

Es evidente, pues, que, analizando los datos, el PP ni ha arrasado ni ha logrado una cifra de electores como para sentirse orgulloso. Hay que saber, sin embargo, que estos escaños se generan a raíz del sistema de computación de los votos –el sistema d’hondt- universalizado y viciado de desproporcionalidad en la asignación escaños/votos; un sistema que ningunea a las fuerzas con menor representación ya que para cada escaño adicional se requieren menor cantidad de votos. O, dicho de otro modo, las fuerzas más votadas tienen mayor facilidad en lograr representación parlamentaria –solo así se concibe que un partido que ha logrado el 45,72% de los votos obtenga el 54,67% de los escaños (caso del PP en Galicia)-.

El voto en blanco

Casi nadie habla de él y, de hecho, es el antiprotagonista por antonomasia. Sin embargo y, pese a que los medios han obviado de forma clara este hecho, hay que reparar muy seriamente en este aspecto. El voto en blanco ha aumentado muy significativamente. La diferencia en puntos porcentuales es casi insignificante, si tenemos en cuenta que, casi siempre, este voto ha sido casi marginal. Pero, por otro lado, en las vigentes elecciones ha habido una cantidad muy importante de personas que, trasladandose de sus hogares a sus respectivos colegios electorales, introducieron su sobre vacío, sin sigla alguna.

En este sentido, hay divergencias entre Euskadi y Galicia. Euskadi parte de la legalización de un partido que ha movilizado, en estas ultimas elecciones, gran parte del electorado y que, por lo tanto, el voto en blanco –que, en otros momentos se alcanzó por la vía de la nulidad, llegando a superar el 8%- no es representativo del malestar social sino de la ausencia de una alternativa política en la que apoyarse. No obstante, éste pasó de representar el 1,01% en 2009 al 1,29% en la actualidad. No deja de ser sorprendente que, pese a la legalización de una fuerza que representa a gran parte de la sociedad vasca, la opción por no decantar el voto hacia ningún lugar se haya incrementado un 21%.

En Galicia, sin embargo, el trasvase hacia el voto en blanco es mucho más impactante; pues pese a la marginalidad del mismo, pasa de un 1,66% en 2009 a un 2,69 en las presentes elecciones, lo que representa un incremento de un 62%.

Así, la conclusión es evidente y, de hecho, se vincula con los datos aportados por los últimos sondeos del CIS; la desafección política crece día tras día y cada vez más ciudadanos creen que uno de los principales problemas que afectan al Estado español se vinculan con la clase política; llegando a ser éste el tercer problema del país.

Izquierda nacionalista

El autentico descalabro del PSOE y sus filiales autonómicas ha supuesto que muchos electores identificados con el progresismo político hayan optado por otras formaciones de izquierdas. Lo curioso de todo ello, sin embargo, es que, si bien el socialismo se identifico con el internacionalismo durante tiempo, los nuevos panoramas que se abren en el naciente sector izquierdo del arco parlamentario presentan una clara vocación nacionalista -por no decir, en según que casos, directamente secesioncita-.

Cierto es que el BNG nunca ha ocultado su posición como partido nacionalista de izquierdas –y, de hecho, eso es lo que lo distingue fundamentalmente de CiU o del PNV-. El progresismo que ha enarbolado el BNG, en cambio, parece haberse vuelto obsoleto. Su viejo –ya anciano- y carismático ex-líder, Xosé Manuel Beiras, ha optado por la fundación de una alternativa más dinámica y fresca al nacionalismo gallego de toda la vida. Así, con la creación, por el propio Beiras, de Anova, se pretende integrar los diferentes espectros del izquierdismo, hecho que lo ha llevado a presentarse en una exitosa coalición con la federación gallega de Izquierda Unida. En ese sentido, los sondeos recogían la posibilidad que esta nueva fuerza irrumpiera en el parlamento gallego ocupando algún que otro escaño. Uno, decía el CIS; nadie imaginaba sin embargo que iban a ser 9 y que terminaría por relegar al BNG como tercera fuerza política.

En Euskadi el tema es significativamente más delicado. Pues hay que decir, en primer lugar, que la izquierda nacionalista se vincula allí, fundamentalmente, con la conocida izquierda abertzale que, pese a su actual desvinculación manifiesta de todo tipo de violencia, sigue manteniendo la estela que ha arrastrado durante su largo festejo con ETA. EH Bildu, en este caso, se nutre de otras dos fuerzas que han tenido larga tradición democrática y que se han vinculado fuertemente al progresismo en Euskadi: Eusko Alkartasuna, de tinte algo más socialdemócrata, y Alternativa, con una tendencia más inclinada al neocomunismo. En todo caso, la apuesta es clara, la izquierda más radical ha presentado un órdago nacionalista que, en muchos casos, es claramente  independentista. Un modelo, sin duda, exitoso, que ha colocado a este conglomerado como segunda fuerza del nuevo parlamento vasco con 21 escaños y a sólo 6 del PNV.

Este cambio, que no ha sido remarcado excesivamente a nivel mediático, ilustra un nuevo modelo social; el izquierdismo internacionalista (o quizá, mal llamado, constitucionalista, por ciertos medios de comunicación), que tendía a una neutralidad con lo referente a las cuestiones de identidad nacional, ha girado claramente para abrazar lo que parece, será su nueva posición política; esto es, la defensa de un fuerte sentimiento patrio con respecto a las tierras de Galicia y Euskadi respectivamente sin salirse en ningún caso de las líneas que acotan el espacio propio de la izquierda.