Posiguiendo la línea del artículo “Tres cartas”, recopilo aquí una segunda versión de algunas de las cartas que me han hecho públicas en los tres medios de comunicación que, habitualmente, tomo como referéncia, esto es, El País, El Periódico y La Vanguardia. Quisiera solamente recordar lo ya dicho en su momento; pues cada una de ellas tiene distinta naturaleza y no obedece a ningún tema o interés común. Por otro lado, cabe decir también que las recojo en su versión original o, dicho de otro modo, tal como las escribí y mandé, antes de ser substractadas. Dicho esto, ahí van:
EL PERIÓDICO 22-04-11
En pleno debate acerca de la cuestión de la Universidad, observo que se ha adoptado un matiz exclusivamente metodológico, donde lo fundamental es determinar cómo hacer de nuestros centros lugares de conocimiento competitivos y, paralelamente, que esto sea compatible con el recorte de gasto público anunciado por la Generalitat.
Sin embargo estamos olvidando un hecho fundamental que apenas se ha tratado con la debida importancia. Pues en un Estado que se define como democrático y social es inconcebible el carácter elitista de sus universidades. Y con esta afirmación no me refiero a que sólo los titulados universitarios conforman la élite, sino al hecho de que para acceder a ella, de antemano, haya que disponer de unos recursos que no todo el mundo puede costearse. Es cierto que la Administración subvenciona la mayor parte de la matriculación. Pero el sistema de becas dista mucho de ser equitativo, ya que estudiantes competentes y diligentes deben hacer auténticos malabares para obtener ingresos que les permitan seguir adelante a nivel académico. Porque pese a la subvención, el precio de la matricula sigue siendo, para muchos, restrictivo. Urge replantear esta cuestión para hacer la Universidad accesible a todos y, en este sentido, es fundamental tratar debidamente la cuestión de la asignación de becas.
LA VANGUARDIA 04-02-11
Por fin ha llegado el tan ansiado momento: gobierno, sindicatos y patronal se han puesto de acuerdo. Parece que ya casi todos hemos asumido que crecen telarañas en las arcas de la Administración y que el único modo de mantener mínimamente el Estado del Bienestar y asegurar las pensiones es a partir de los recortes sociales.
Finalmente se ha confirmado: la jubilación a los 67 años. A mi personalmente me queda lejana, pues tan solo cuento con 23. Soy estudiante de una carrera –arquitectura- que prometía plena ocupación cuando la empecé a cursar. Ahora todo ha dado un vuelco. Los titulados –y con nota- están desempleados. Dar unas clases particulares siempre son bienvenidas como alternativa. La actualidad es desalentadora, pero las previsiones, aún lo son más.
A falta todavía de un mínimo de dos años para terminar la titulación, se me aconseja por los entendidos –profesores, arquitectos en ejercicio y titulados recientes- que no tenga prisa, que el mercado no demanda de arquitectos, pues no se construye. Las expectativas de los expertos es que la tendencia, lejos de mejorar, va a empeorar en el próximo lustro.
Mientrastanto, los agentes sociales ya se preparan para descorchar el cava y celebrar el pacto. Y yo, como tantos otros, deberemos trabajar 37 años para cobrar la plena jubilación ¿Más vale no tener prisa? Quizá si. En los tiempos que corren, quizá debería tener prisa por incorporarme al mercado laboral ¿Cómo? No lo sé: a nosotros, a los que debemos mantener las pensiones, a quienes se nos confía la futura productividad del Estado; a nosotros nadie nos ha preguntado: nadie nos considera un agente social.
EL PAÍS 22-04-11
Pese a la destructiva y delirante campaña llevada a término por determinados círculos vinculados a la derecha mediática, debe entender Rafael Simancas que no todo lo que se contraponga a lo que él piensa tiene naturaleza conspirativa (véase EL PAÍS, 18 de marzo).
Pues al artículo de Germà Bel, publicado en este mismo diario el 8 de marzo, le sobra toda la retòrica historicista, pero el fondo de la cuestión es innegable; cualquier mapa que muestre fielmente la realidad de las infraestructuras del Estado determinará su profundo carácter radial. El paradigma se encuentra en la alta velocidad ferroviaria, cuyo punto de partida es siempre la capital –a excepción, sea dicho, del by pass existente en la línea Barcelona-Sevilla/Malaga-.
Así, las cifras sobran, en un sentido y en otro, pues cada extremo las mostrará parcialmente, sólo para justificar aquello en base a lo que quiera argumentar. Pero seamos certeros. Dejémonos de números obnubilantes. El Estado tiene un serio déficit en infraestructuras transversales. Por fortuna, parece ser que la UE ha tomado conciencia respecto a ello y acelerará la construcción del llamado Corredor Mediterráneo.
Porque, al fin, la transversalidad de las infraestructuras, acaba repercutiendo sobre todos –incluso sobre la misma capital-, en la medida en que contribuye a generar más riqueza en el conjunto del Estado. Así que dejémonos de falacias, de equívocos y de medias verdades. Y, sobretodo, privémonos de hablar arbitrariamente de conspiraciones. Esto no es un asunto sobre la identidad de nadie. Es un asunto sobre el progreso general de los ciudadanos españoles.
[1] Este pié de página es de lectura necesaria. Pues entiendo el derecho a resumir y extractar que se asignan los propios diarios. Pero en este caso, el cambio de título orienta el sentido de la carta hacia un lugar hacia el cual las cosas se tergiversan. Pues el tema de mi denuncia no era, en ningún caso, el hecho de que me queden muchos años, todavía, para jubilarme, sino el hecho de que se acepte universalmente un acuerdo social sin tener en cuenta a uno de sus principales agentes: aquellos de quién depende la productividad futura. Ahí el titulo: Nadie nos ha preguntado.
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